Hay que derogar y repudiar la norma sobre textos escolares aprobada por la Comisión Permanente del Congreso.

Algunas editoriales han dado “incentivos” a directores de algunos colegios a cambio de que elijan sus libros. Los directores no elegían por los beneficios académicos para los alumnos, sino de acuerdo a los beneficios monetarios para sus bolsillos.

La nueva norma fija un procedimiento de elección de los textos. Incluye la participación de los padres de familia y autoridades educativas, teniendo en cuenta la calidad y oferta económica de las editoriales.

La elección de un texto ya no estará, entonces, el manos del docente. De ningún docente, ni de los malos, ni de los buenos.

La elección de textos no estará en manos de quien estudió pedagogía para saber cómo enseñar. Estará en manos, ahora, de una asamblea.

La asamblea de padres, profesores y directores discutirá sobre la calidad de los textos. El resultado será el consenso. Pero el consenso, ¿acaso establece la verdad? ¿Es por consenso que llegamos a que dos más dos es cuatro?

Es como si dijéramos: ahora ya no vamos a establecer el resultado de “dos más dos” por las matemáticas, sino por el consenso.
 
Unos dirán que “dos más dos” es cuatro; otros, no. Decidiremos no según la verdad, sino según la mayoría.

La mayoría sirve para tomar decisiones que afectan a todos por igual. No sirve para tomar decisiones técnicas. La decisión sobre qué texto usar es una decisión técnica. Depende del conocimiento.

No se quiera escamotear esa facultad a los maestros. No se quiera sustituir el conocimiento del pedagogo por el consenso de la asamblea.

Esta norma dice que las editoriales deben informar al Observatorio Nacional de textos Escolares sobre los precios de sus productos. O sea, pone a unos burócratas a no hacer nada más útil que “observar precios”.

L problema son unas cuantas editoriales y unos cuantos docentes corruptos. ¿Por culpa de ellos asumimos que todos los profesores y todas las editoriales son corruptos?

Ataquemos la corrupción. No la usemos de pretexto para sacar a los maestros de la educación y sustituirlos por el absurdo consenso.

El partido “Por Amnistía y Derechos Fundamentales” (Movadef) recolectó las firmas necesarias para su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Sin embargo, su solicitud fue rechazada por hallarse defectos insubsanables.

El Movadef quiere participar para pedir la amnistía, entre otros, de Abimael Guzmán. El rechazo a la solicitud, sin embargo, no puede fundamentarse en la pretensión excarcelatoria del criminal.

Hay libertad de expresión porque la persona que cree en ese objetivo no es procesada ni limitada en sus derechos. En el Perú se respeta la creencia en el llamado “pensamiento gonzalo”.

El ROP ha rechazado la solicitud por “la posibilidad latente de que el MOVADEF lleva a la práctica el ‘pensamiento gonzalo’ y socave el sistema democrático” (Res. 008-2012-ROP/JNE).

El llamado “pensamiento gonzalo”, la ideología del grupo genocida Sendero Luminoso, no puede guiar la fundación partidaria, según el ROP. Tratándose del mismo “pensamiento” de Sendero Luminoso, el rechazo a la solicitud requiere un fundamento indubitable.

No basta con que la mayoría esté de acuerdo con los peligros y posibilidades de evolución de este grupo. Como tales, éstas remiten a una especulación, a un criterio subjetivo. Hay razones objetivas por las que tampoco se puede admitir la dicha inscripción.

Para ellos el genocidio de SL fue una “guerra popular” y el recurso electoral depende de las circunstancias. Hoy van por las elecciones “en tanto las circunstancias así lo demanden”. Las circunstancias cambian y con ello “los medios de llegar y mantenerse en el poder”.

No hay, pues, una sujeción a las leyes y las instituciones de lo que ellos llaman “democracia burguesa”. Si alguien quiere participar en un proceso electoral de esta democracia, tiene que someterse a sus reglas.

Ésta es la razón fundamental de por qué no puede aceptarse la solicitud de Movadef. Por ahora este grupo ha desistido. Sin embargo, más adelante insistirá.

Respetamos los derechos de todas las personas, incluidas las del Movadef. Por eso necesitamos defender el estado de derecho con firmeza, claridad y  fundamento.

No estoy de acuerdo con revocar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ni siquiera estoy de acuerdo con la institución de la revocatoria, tal como la establece la ley. Sin embargo, creo que la consulta debe producirse.

Las preferencias cambian. La intensidad de la adhesión varía. Los vaivenes de la política modifican el juicio y los estados de ánimo de la gente.

Un sistema electoral que atienda a cada momento los cambios de opinión nos llevaría a la imposibilidad de cumplir un mandato a cabalidad.

Pero, se dirá, ¡el pueblo decide! El pueblo no lo es todo. Por encima de él debe estar la ley.
 
Si ponemos al “pueblo” por encima de sus propias elecciones, eliminamos la responsabilidad, y lo convertimos en un dictador.

De hecho “el” pueblo no es uno solo. Hoy “piensa” y “siente” de una manera y mañana, de otra. El pueblo ni siquiera existe, no al menos como una persona. Es una palabra que resume procesos, situaciones, correlaciones.

Si “el pueblo” no tiene límites para sus veleidades, quedamos en manos del capricho, la politiquería y la grita perpetua de los grupos.

El 6.8% tiene derecho a pedir la consulta. Eso nos puede llevar a una interrupción del mandato municipal, con todo lo que trae de inestabilidad e incumplimiento. También, con todo lo que trae de populismo para el que quiere evitar la revocatoria.

A pesar de todo eso, creo que hay que respetar la revocatoria planteada en relación a la gestión Villarán. Sencillamente, porque hay que respetar la ley.

La alcaldesa no ha hecho bien las cosas, pero no ha cometido ningún ilícito penal o cosa por el estilo. La revocatoria debería restringirse a casos extremos, objetivos y de verificación formal.

El proceso de revocatoria debe proceder, pero debe replantearse. Una cosa primero y después, la otra. Para no caer en la inestabilidad del orden político, del orden de gobierno, del orden constitucional.

La gente quiere expresar una protesta. Si por cada protesta anulamos una elección anterior, las elecciones ya no servirán. Sería muy tonto en ese contexto plantear siquiera un plan de gobierno.

Ésa es una dirección equivocada.

No estoy de acuerdo con revocar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ni siquiera estoy de acuerdo con la institución de la revocatoria, tal como la establece la ley. Sin embargo, creo que la consulta debe producirse si se cumplen los requisitos.

La revocatoria le da a un grupo de electores un mandato que se sobrepone al de otro grupo de electores. La diferencia es el tiempo. Se trata de dos actos electorales, no de uno mismo.

Las preferencias cambian. La intensidad de la adhesión varía. Los vaivenes de la política modifican el juicio y los estados de ánimo de la gente.
 
Un sistema electoral que atienda a cada momento cada cambio de opinión nos llevaría a la imposibilidad de cumplir un mandato a cabalidad.

El pueblo no lo es todo. Por encima de él debe estar la ley. Si lo ponemos a él por encima de sus propias elecciones, eliminamos la responsabilidad y lo convertimos en un dictador.
 
Cuando la mayoría queda por encima de la ley se produce lo que Tocqueville llamó “la dictadura de las mayorías”. La revocatoria nos puede llevar a algo peor: la dictadura de las minorías.

El 6.8% de los electores nos puede llevar a una interrupción del mandato municipal, con todo lo que trae de inestabilidad, de incumplimiento y de populismo en la gestión.

A pesar de todo eso, creo que hay que respetar la revocatoria planteada en relación a la gestión Villarán. Sencillamente, porque hay que respetar la ley y el orden establecido con antelación.

Creo que debemos cambiar las condiciones de la revocatoria, haciendo más exigentes las razones de su fundamentación. Sin embargo, creo que las modificaciones deben regir después de realizadas, no antes.

Por eso me ha sorprendido que el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, haya dicho que no es partidario de la revocatoria. No porque no esté de acuerdo con lo que dice, sino porque se trata de la institución encargada del control constitucional.

El presidente del Tribunal Constitucional debe decirnos si la revocatoria es constitucional o no. No debe argumentar o exponer ideas sobre lo conveniente o inconveniente de dicha institución.
 
Si el señor Álvarez piensa que la revocatoria es un mecanismo “contradictorio y arbitrario” debe lanzar una iniciativa para cambiar la ley. Si lo que quiere es publicar sus razonamientos sobre las instituciones, debería pasarse al otro lado del mostrador. Debería convertirse en comentarista o político.

La revocatoria debe proceder y debe replantearse. Una cosa primero y después, la otra. Para no caer en la inestabilidad constitucional a la que apunta, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional.

Posdata 1

Convertir al elector en dictador caprichoso

La revocatoria, sin una fundamentación exigente, convierte al elector en un dictador caprichoso, que puede elegir una opción en un momento y retractarse en otro. Eso puede generar inestabilidad e incertidumbre, perturbando seriamente la gestión de gobierno.

 Posdata 2

Respetar la ley mientras no la cambiemos

Una cosa es oponerse a la revocatoria como institución y otra, muy distinta, a la realización de la revocatoria que se ha planteado contra la alcaldesa de Lima. Hay que respetar la ley. Si creemos que está mal, primero hay que plantear su modificatoria.

El presidente Ollanta Humala tiene una oportunidad de oro para demostrar su convicción sobre la libertad de prensa. Se la ha dado el Congreso, por iniciativa del PPC.

El mes pasado se aprobó la ley que penaliza la difusión de las comunicaciones privadas. El jefe del Estado puede observar la ley de la mordaza hasta el día 12.

Los defensores de esta barbaridad liberticida dicen que defienden el derecho a la intimidad y a la privacidad de las comunicaciones. Entienden que esos derechos están por encima del derecho a informar y a informarse sobre temas de interés público.

La norma aprobada establece hasta cuatro años de prisión para el que difunda el contenido de una interceptación telefónica que “no tenga un contenido delictivo perseguible” o que “contravenga el ordenamiento legal vigente”.

Con ello cancela la libertad de informar e informarse sobre conversaciones que pueden ser de interés del público sin que constituyan delito.
 
Las conversaciones entre Alberto Químper y Rómulo León no constituyen delito. Si esta ley hubiera estado vigente, el periodista que las publicó habría recibido hasta cuatro años de prisión.
 
Publicar la conversación sobre los “faenones” sería delito. Si un periodista publicara la grabación de un profesor maltratando verbalmente a sus alumnos, no se podría dar a conocer. No habría “contenido delictivo perseguible”.

Si un político que defiende la familia y los valores cristianos tuviera una vida doble, no podríamos conocer la profundidad de su hipocresía. Estaríamos amordazados y él, protegido en su faenón.

Una conversación sobre infidelidad o una relación de amantes no tiene “contenido delictivo perseguible”. Y, sin embargo, el electorado tiene el derecho a conocer a los políticos que piden su voto sobre la base de una imagen determinada.

Los ciudadanos tenemos derecho a la intimidad y a la privacidad. Y tenemos los mecanismos para defenderlos, como ha demostrado, por ejemplo, la carcelería de la periodista Magaly Medina.

El Congreso quiere proteger todo tipo de faenones. Quiere quitarle a los jueces la capacidad de decidir cuándo el interés público debe sobreponerse al derecho a la intimidad y cuándo no.

Ojalá el Ejecutivo le corte las uñas a los que quieren imponer la legislación por sobre la justicia y el poder político sobre el criterio judicial. Ojalá defienda el estado de derecho.

Nos quieren quitar el derecho a informar

Si esta ley entra en vigencia, no podremos dar a conocer conversaciones que revelen la verdadera catadura moral, por ejemplo, de ciertos políticos. El público no podría elegir con pleno conocimiento de causa. Tendriamos que protejer el engaño.

Los jueces, no los legisladores, deben juzgar

El Congreso quiere decirnos cuándo el derecho a la intimidad prima sobre el derecho a informar. Le quita, con ello, el poder discrecional a los jueces, que son los que interpretan  la ley. La legislación no puede estar por encima de la justicia.