¿Qué pasó de manera tan repentina? Nada. Simplemente, el gobierno argentino presionó al peruano para que hiciera semejante gesto. Y le hicieron caso.

El gobierno argentino ha actualizado en su agenda local el debate sobre la soberanía de Las Malvinas. El Perú no tiene nada que hacer al respecto. Sin embargo, le hace un feo desplante al Reino Unido, en solidaridad con la Argentina.

¿Qué debilidad tiene el Perú frente al gobierno de Cristina Fernández en Argentina? ¿Cuál es el tremendo poder que obliga al Perú a inclinar la cabeza frente a un requerimiento de otro país?

El Perú no ha concedido poco. Se trata de comerse un sapo bien feo. El Perú hace un gesto inamistoso hacia un Estado que no nos ha hecho nada.

El episodio terminará por resolverse y es un tanto anecdótico. Lo que no es anecdótico, sin embargo, es lo que revela sobre la situación internacional del Perú.

La diplomacia gaucha logró someter a Torre Tagle. La presión habría incluido la exigencia de acuerdos de Unasur. Se habría puesto en entre dicho, además, la visita oficial del presidente Ollanta Humala  a Cristina Fernández prevista para mayo.

¿Cuál es, entonces, la necesidad de esa visita? ¿Se van a gestionar inversiones por más de 4 mil millones de dólares? ¿Qué gran negocio para el Perú se va a concretar en ese encuentro presidencial?

El interés del gobierno peruano en esa visita y en esas relaciones se revela imperioso. El gobierno peruano autorizó y desautorizó a la fragata, y el canciller tuvo que mentir.
 
El canciller Roncagliolo dijo que sostuvo una conversación sobre el tema de la fragata con el ministro para Asuntos de América Latina del Reino Unido, Jeremy Brown. La embajada británica tuvo que desmentirlo en un comunicado.

El presidente del Consejo de Ministros desautorizó en cierta forma al canciller. La mañana del jueves dijo que en este asunto “hay eventos que se contradicen. Allí hay algo que aclarar”. La tarde del mismo día, sin embargo, expresaba su respaldo al canciller.

¿Es la visita del presidente Humala a la presidenta Fernández algo meramente protocolar? Si así lo fuera, ¿justificaría estas expresiones de debilidad y contradicción?

No sólo el canciller tiene que dar explicaciones. El Ejecutivo debe hacerlo. Y sería mejor que lo haga el propio jefe del Estado, ya que el presidente del Consejo de Ministros también derrapó.

No se trata de un “incidente penoso”, como dice el ministro Valdés. Es una situación creada por el gobierno peruano. ¿Por qué razón? Tenemos derecho a saber.
El Perú resuelve ser inamistoso con Reino Unido

La suspensión de la llegada de la fragata HMS Montrose al Callao “ha sido percibida por el pueblo del Reino Unido como un acto poco amistoso”, dice el comunicado de la embajada británica. De la nada, el Perú se vuelve inamistoso con el Reino Unido.
Aval para la conducta errática

“Respaldamos plenamente al canciller y el trabajo de la Cancillería. Lamentamos este incidente penoso y esperamos que sea superado”, dijo el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés. El gobierno avala, pues,  la conducta errática en las relaciones con el Reino Unido.

Hay mucho dinero de por medio. Los financistas no son los que arriesgan el pellejo. La vida de sus trabajadores no vale tanto como su inversión.

Ninguna solución a este conflicto puede saltarse el derecho y la equidad. Hay un ordenamiento para las concesiones y las condiciones de explotación minera. El que quiere sacarle la vuelta a la ley es un tramposo.

La protesta, sin embargo, no se sostiene sólo sobre tramposos. Hay trabajadores que son estafados. Hay informales que podrían estar interesados en adquirir derechos formales de explotación.

El gobierno debe recurrir a estos sectores interesados en formalizarse. Debe separarlos de los depredadores. Todos deben someterse a la ley y la ley debe ser igual para todos.

Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, se opone al proyecto minero Conga. Lo hace, dice, en defensa de “nuestras lagunas”.

Las lagunas, sin embargo, no son del Frente de Defensa, ni siquiera del gobierno regional. Sólo el Estado puede ejercer jurisdicción sobre ellas.

El señor Saavedra debería manifestarse en contra de las revueltas de los mineros ilegales. Debería apreciar la diferencia de lo que sucede en Madre de Dios y Cajamarca.
 
Saavedra debería dirigir su lucha contra los que deprendan y arrasan. Si realmente quiere defender el medio ambiente, debería favorecer el cumplimiento de la ley.

El problema para Saavedra es que si defiende el cumplimiento de la ley, tendría que estar a favor de Conga. Por eso no va a manifestarse contra los ilegales y por eso, creo, podría hacer alguna acrobacia para juntarse con ellos.

Conga se paraliza no porque sea informal, sino porque hay quienes, como Saavedra, no le creen a la minería formal. Así, la minería formal se detiene,  mientras se extiende la actividad depredadora.
 
En un ejercicio de fantasía, deberíamos mandar a Wilfredo Saavedra a Madre de Dios. Seguramente sabría cómo enfrentar a las turbas movilizadas por los depredadores.

Saavedra y su agrupación plantean una plataforma de lucha única de todos los afectados por la minería. A la que se opone, sin embargo, es a la minería que cumple con las normas; de la otra, no dice nada.

Quizá estos frentes de defensa encuentren la forma de aliarse con aquellos grupos de mineros ilegales. Los une, de antemano, la protesta contra el régimen, la vocación por la calle y el rechazo al orden legal.

Tendremos que estar atentos, a ver si se produce este matrimonio contra natura.

Procurar derechos de propiedad

Derechos de propiedad estables y firmes incentivan una explotación racional y extendida de los recursos naturales. Hay que alentar eso, y no hacerse de la vista gorda con la minería que no quiere formalizarse. ¿Cuál es, finalmente, el problema de cumplir con la ley?

Grupos contra soberanía del Estado

El Estado ejerce soberanía sobre los recursos naturales. Los antimineros de Cajamarca no lo creen así, como tampoco los mineros ilegales de Madre de Dios. A ambos grupos los une ese principio y los puede unir más esa vocación de rebeldía frente al derecho y la ley.

El reo Antauro Humala fue trasladado del penal de Piedras Gordas a un novísimo “recinto” penitenciario llamado Virgen de la Merced. Está ubicado en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército.

El reo Antauro Humala tiene la suerte de que este local haya sido diseñado para 40 personas y que sólo haya 12 reos en él.

El reo Antauro Humala tiene la suerte que no tienen los demás presos del Perú. Todos o casi todos sufren el hacinamiento de las cárceles. No la sufre el reo Antauro Humala, porque tiene mucha suerte.

El reo Antauro Humala tiene la suerte de que el Instituto Nacional Penitenciario y el Ejército del Perú hayan firmado un convenio de cooperación interinstitucional. Gracias a ese convenio el INPE lo puede albergar no en un centro penitenciario sino en un “recinto”.

El reo Antauro Humala tiene la suerte de que el jefe del INPE crea que en razones de seguridad que justifican el traslado. Según José Luis Pérez Guadalupe, esas razones se refieren “tanto al interno como a su entorno familiar”.

El reo Antauro Humala tiene la suerte de que su entorno familiar (papá y mamá) sea el mismo entorno familiar que el del Presidente de la República. Obviamente hay preocupación por lo que pueda pasar con los padres del mandatario.

El reo Antauro Humala tiene la suerte de que, según Pérez Guadalupe, el traslado a Piedras Gordas de un lugarteniente del “camarada” Artemio haya creado zozobra. Tiene la suerte de que un penal no pueda dar seguridad.
 
El reo Antauro Humala tiene la suerte de que el ministro de Justicia no haya pedido la renuncia del jefe del INPE. Debió hacerlo, por trasladar a un terrorista a un penal donde no hay seguridad.
 
El reo Antauro Humala tiene mucha suerte. Tomó una comisaría y fue responsable de la muerte de seis personas. Le rebajaron la pena y, ahora, le dan mayor comodidad.

Qué mala suerte que Antauro Humala tenga tanta suerte. Su suerte es la del privilegio y de todo lo que alienta la impunidad.

En la última Asamblea Universitaria, sin embargo, la PUCP decide “dar pasos para establecer el diálogo con las autoridades de la Iglesia”.

Para el Vaticano la PUCP se fundó dentro del imperio del derecho canónico. Para la Asamblea prima el derecho a la autonomía universitaria. Esta disputa de fondo tendrá que resolverse en los tribunales.

Mientras tanto, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Tarcisio Bertone, ha dado hasta el 8 de abril para que la UPCP adecue sus Estatutos a la “Carta Magna” de las universidades católicas bajo imperio canónico.

La Constitución Apostólica de Juan Pablo II no menciona el sistema de elección del Rector, punto decisivo de la Asamblea. Por ese lado, hay posibilidades de adecuación. Sólo se requiere que los miembros de la Asamblea lean el documento del Papa Juan Pablo II.

Otra objeción que se suele hacer es la supuesta limitación de la libertad académica que traería tal adecuación. La visión de Juan Pablo II sobre la Universidad Católica no limita esas libertades.

“En muchas Universidades Católicas la Comunidad universitaria incluye miembros pertenecientes a otras Iglesias…, e incluso personas que no profesan ningún credo religioso. Estos hombres y mujeres contribuyen con su formación y experiencia al progreso de las diversas disciplinas académicas o al desarrollo de otras tareas universitarias” (ac. 26).

La Ex Corde Ecclesiae alienta el “diálogo entre el pensamiento cristiano y ciencias modernas” (46) y reconoce “plenamente la libertad de conciencia de cada persona” (Normas Generales, pr. 4), así como “la libertad de investigación y de enseñanza” (pr. 5).

Una próxima Asamblea Universitaria, también extraordinaria, debería poder evaluar lo que significa la adecuación estatutaria. Si no conoce los verdaderos “costos”, la evaluación no será acertada.

Seguir o no como Universidad Católica de derecho canónico es una decisión muy importante. Lo menos que reclama es conocimiento de causa.

El Estado Vaticano le ha dicho a esta universidad que se adecúe a la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II Sobre las Universidades Católicas. Las autoridades actuales de la PUCP se rebelan.

En 1917 el Padre Jorge Dintilhac fundó la Universidad Católica “con la aprobación de la autoridad eclesiástica”, como señala el Preámbulo Histórico de los Estatutos de la PUCP, publicado en su página web.

“La Pontificia Universidad Católica del Perú, dicen esos Estatutos, es también persona de derecho eclesiástico, erigida canónicamente por el Santo Padre Pío XII”.

Si es persona de derecho canónico, ¿no se somete a las normas de ese derecho? No, dicen las autoridades actuales de la PUCP. “Nuestra Universidad, dice su respuesta al Vaticano, se rige por la Constitución Política del Perú, la legislación peruana y su Estatuto”.

La Constitución dice que los tratados tienen fuerza de ley y, además, que los tratados priman sobre las leyes comunes.
 
Hay un Tratado Internacional entre el Estado Vaticano y la República del Perú. Ese tratado reconoce a la Iglesia Católica el derecho de organizar sus instituciones según sus propias normas.

La Ley Universitaria, además, reconoce que cada universidad se gobierna según las peculiaridades “propias de su condición jurídica”. La condición jurídica en este caso es la canónica, como reconoce la propia PUCP.

La pretensión del Vaticano, entonces, no contraviene ni la Constitución ni las leyes peruanas. Sólo contradice, como es evidente, las partes de los Estatutos que fueron modificadas sin su consentimiento.

Lo que pretenden las actuales autoridades de la PUCP es sacarle la vuelta a los fundadores de la universidad. Pretenden rebelarse contra la Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II y contra la autoridad del Papa Benedicto XVI.

Es fácil burlar a los muertos. No creo que lo sea tanto, en cambio, evadir las obligaciones jurídicas derivadas de la fundación canónica de la PUCP.